398 Views |  Like

BRASIL SE RETUERCE – DE CARA A LAS OLIMPIADAS

FacebookTwitterGoogle+

El país sudamericano pasa por recesión, juicio contra su exmandatario Lula y la actual presidenta Rousseff. Pero además, por una serie de manifestaciones sociales que pueden ser las más grandes de su historia.

Brasil está pasando por una crisis financiera y política que advierte problemas para los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro.

Sus figuras políticas, incluyendo el hombre que provocó llamar “El Milagro Brasileño”, se tambalean frente a las investigaciones por actos de corrupción.

Y la gente está saliendo a las calles a expresar su descontento, como pocas veces ha ocurrido en su historia.

Exactamente un año después de la primera gran manifestación contra el gobierno de Dilma Rousseff en 2015, la muchedumbre salió el 13 de marzo pasado nuevamente a las calles de Brasil para manifestar su descontento por la corrupción en Petrobras y la enorme recesión económica en el país.

Hoy, a cuatro meses del inicio de los Juegos Olímpicos a inaugurarse el 5 de agosto en Rio de Janeiro, Brasil continúa tratando de evitar ver a los ojos al mundo entero, porque por dentro la nación sudamericana se está desmoronando. Y al descontento social en Brasil, hay que agregar el riesgo del terrorismo del Estado Islámico y su amenaza.

La presidenta Dilma Rousseff está en medio de un proceso de juicio político y un juez le tumbó la designación de su maestro Luiz Inácio Lula da Silva, como Jefe del Gabinete Federal. Lo que buscaba Rousseff con ese nombramiento era otorgarle el fuero federal a Lula, para que éste no sea detenido nuevamente por actos de corrupción en Petrobras.

Brasil se cae económica y socialmente, a la vez que existe una amenaza terrorista y los Juegos Olímpicos inician en cuatro meses. Vaya problema para la Nación sudamericana.

Según la prensa brasileña, las marchas del pasado 13 de marzo por las calles brasileñas fueron mayores que las de 2015 y también que aquellas para exigir elecciones directas en el año 1983, consideradas hasta ahora las mayores de la historia del país.

Según los datos periodísticos en Brasil, el mes pasado marcharon en la capital Brasilia y 16 estados más, al menos 2.2 millones de personas. Estas manifestaciones sometieron a una presión social asfixiante al gobierno de Rousseff, en caída libre desde que inició su segundo mandato en enero de 2015.

Solamente en Sao Paulo, fueron 1 millón 500 mil manifestantes, según la policía. El gran motor del hartazgo es el 3 por ciento de dinero público que presuntamente pagaban, por concepto de moche, los directivos de Petrobras y empresarios de grandes constructoras como Odebrecht y OAS, al gobierno de Rousseff. La recesión actual en Brasil está calculada en 3.8 por ciento.

Los gritos de los manifestantes fueron: “¡Fuera Dilma!” y “¡Lula, a la cárcel!”, alternados con insultos a ambas figuras y clamores contra la corrupción.

Las ya habituales manifestaciones  contra Dilma Rousseff de los domingos por la mañana en Copacabana -las hubo en marzo, agosto y diciembre de 2015- tienen una idiosincrasia peculiar. En 1992, los caras pintadas, con mensajes contundentes contra Collor de Melo, alternados con los colores de Brasil estampados en sus rostros, ilustraron el movimiento que acabó derrocando al entonces presidente.

En 2013, en las multitudinarias protestas que empezaron pidiendo una rebaja del precio del transporte público, que por cierto ha vuelto a subir este año, y acabaron gritando por los deficientes servicios públicos, los altos costos del Mundial de Fútbol y la violencia policial.

Estos manifestantes fueron los jóvenes del Black-Block, con sus caras cubiertas con pañuelos oscuros y sus tácticas a veces violentas.

ROUSSEFF, LULA Y PETROBRAS

El proceso que inició la Cámara baja del Congreso de Brasil abrió la posibilidad de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff.

Se autorizó a una comisión de 65 miembros del Legislativo para que estudie si existen razones para destituir a Rousseff por la manipulación de cuentas del gobierno federal. Los legisladores votaron para instalar la comisión que está encargada de informar al pleno de la Cámara.

Se necesitaría la aprobación de dos tercios de los 513 miembros de los diputados para proceder a un juicio formal en el Senado. La solicitud de la oposición para impugnar a Rousseff alega que su gobierno manipuló las cuentas en el 2014, para poder aumentar el gasto público en el periodo previo a su reelección.

El llamado a juicio político se ha convertido en una prueba de supervivencia para Rousseff, en medio de una tormenta política generada por el escándalo de corrupción y la peor recesión económica de Brasil en décadas.

Los legisladores aprobaron una lista de nombres de todos los partidos representados en el Congreso, para que éstos analicen, propongan y resuelvan si procede el juicio político para pasar al Senado y ahí evaluar la destitución.

Por otro lado, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue detenido e interrogado el mes pasado por supuestamente haberse beneficiado con dinero público. Incluso, la Policía allanó su vivienda y otros inmuebles vinculados con su familia, lo que dejó a la figura más influyente de la política brasileña más cerca de quedar implicado en el caso de corrupción centrado en el gigante petrolero Petrobras.

La Policía se presentó la primera semana de marzo en el domicilio de Lula, en los alrededores de Sao Paulo, en la sede de su Organización No Gubernamental y otras propiedades del expresidente. El caso está radicado en Curitiba.

El conglomerado brasileño de ingeniería Odebrecht, ha recibido órdenes de búsqueda y captura en su oficina en la ciudad de Sao Paulo y ya hay varios ejecutivos aprehendidos durante los últimos meses.

Para ponerle más calor al problema, la detención de Lula produjo enfrentamientos entre seguidores y detractores de en la calle frente a su vivienda, en el suburbio paulista de Sao Bernardo do Campo.

La policía reveló en un comunicado que tenía pruebas de que Lula recibió beneficios ilícitos bajo un esquema de soborno de la petrolera estatal Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras), tanto en pagos, como en bienes raíces de lujo.

“El ex presidente Lula, además de ser el líder del partido, fue el responsable final de la decisión sobre quiénes serían los directores de Petrobras y fue uno de los principales beneficiarios de estos delitos”, dice un comunicado que expidió la Fiscalía. “Hay evidencia de que los delitos lo enriquecieron y financió campañas electorales y a su grupo político”.

La Policía ha dado a conocer que en la última fase de la investigación sobre la operación conocida como “Lavado de Autos”, ejecutó 33 órdenes de allanamiento y 11 de detención en distintas ciudades, entre la que se incluyeron dos en Sao Bernardo do Campo, donde vive Lula. Unos 200 policías y 30 auditores de la oficina de impuestos federales participaron en la operación.

Su detención podría ser el mayor evento hasta ahora en una investigación sobre presunta corrupción en Petrobras, que ha involucrado a legisladores y a algunos de los más poderosos ejecutivos de negocios de Brasil.

Lula gobernó Brasil desde el 2003 hasta el 2010, cuando los fiscales alegan que ocurrieron la mayoría de los actos irregulares. Su detención podría afectar la reputación del líder más querido en la historia moderna de Brasil y amenaza al gobierno de su protegida y sucesora: Rousseff.

La prensa brasileña reportó que el senador del partido gobernante Delcidio Amaral, un importante aliado legislativo de Rousseff, antes de ser arrestado en noviembre, vinculó a la presidenta y a Lula en el escándalo que envuelve a Petrobras. Se calcula que el desvío de Petrobras es de más de 2 mil millones de dólares.